Bielorrusia: ¿el principio de qué fin?

La sexta reelección de Alexander Lukashenko, el 9 de agosto, estuvo precedida y seguida de movilizaciones populares alimentadas por la brutalidad policial en un contexto de fraude y de creciente cuestionamiento de las antiguas protecciones sociales. El autócrata bielorruso, después de múltiples tensiones con su vecino ruso, pide ahora a Putin su "ayuda" para hacer frente a una protesta social sin precedentes.

La disolución de la URSS fue decretada en territorio belaruso el 8 de diciembre de 1991 por Boris Yeltsin como Presidente de Rusia y sus dos homólogos de Ucrania y Belarús, a pesar de que la población había votado masivamente a favor de mantener (y reformar) la Unión el 17 de marzoⁱ. Pero la terapia de choque "liberal" iniciada por Yeltsin y defendida inicialmente también por el pro-occidental "Frente Popular Bielorruso" (BNF) fue detenida por la destitución (por corrupción) del actual presidente y la elección de Alexander Lukashenko como presidente en 1994. Si se adoptaba el antiguo nombre de Belarús, el nuevo dirigente proponía rechazar (por referéndum en 1995) la bandera blanca y roja de esta primera república presoviética de 1918 en favor de la bandera "soviética", pero sin la hoz y el martillo coronados por la estrella roja.

Su bloqueo de las terapias de choque liberales y el mantenimiento de un sector público fuerte tenía por objeto consolidar su poder cada vez más autocrático. Y fue seguido por la represión de poderosas huelgas en curso. Como señala David Mandel (comparando la situación y las luchas obreras y sindicales en Rusia, Ucrania y Bielorrusia en los años 90), el régimen de Lukashenko "sometió a los sindicatos a una represión mucho más sistemática" que en los países que infligían una "mayor descomposición social" a través de la privatizaciónⁱⁱ - otro medio de romper cualquier desafío al viejo sistema burocrático por parte de su propia base social, los trabajadores.

La represión antisindical y política fue acompañada por una búsqueda inicial de estabilización del nuevo régimen mediante ganancias socioeconómicas. En 2018, Belarús ocupaba el puesto 53 de 189 países en el Índice de Desarrollo Humano, con una de las tasas de desigualdad más bajas de Europa. Su PIB per cápita se ha cuadruplicado desde 1990 (20.000 dólares, en comparación con los 9.000 dólares de Ucrania en paridad de poder adquisitivo). Pero las conquistas sociales ligadas al empleo, y el "culto al trabajo" (¡no a los trabajadores/as!) han pasado de características prestadas por el "sovietismo" a una lógica neoliberal fuerte como la obligación de aceptar cualquier trabajo (público o, cada vez más, privado)ⁱⁱⁱ.

Desde 2004, la individualización de los contratos de trabajo ha sustituido a los convenios colectivos; y el plan de pensiones no tiene en cuenta el tiempo pasado en el servicio militar, la licencia de maternidad o los estudios. El país sufrió menos que otros (más abiertos a la globalización financiera) por la crisis bancaria y financiera de 2008/2009: el crecimiento fluctuó pero se mantuvo hasta la crisis ucraniana de 2013 (poniendo fin al régimen del oligarca presidente Yanukovych)^iv. Fue la crisis que infligió al país sus primeras recesiones desde 1995, debido a sus estrechos vínculos tanto con Ucrania como con Rusia.

Los equilibrios cada vez más frágiles en las elecciones del 9 de agosto

La crisis ucraniana y la "recuperación" de Crimea por parte de Rusia han sido traumáticas para los dirigentes bielorrusos, al igual que para muchos otros autócratas "possocialistas", en múltiples sentidos, y también han polarizado a la izquierda^v. La tesis de una "revolución de colores" fomentada por las potencias occidentales (y además identificada con las corrientes fascistas muy activas allí) se convirtió para los autócratas en una red de denuncias de los movimientos sociales que los desafiaban. Pero los líderes de las antiguas repúblicas soviéticas no rusas, como Lukashenko, también desafiaron el comportamiento de los dueños del poder ruso y sus planes de unión, que eran muy asimétricos. El curso verticalista represivo del régimen se hizo más fuerte y, como en Rusia, identificó a todos los opositores como peones financiados desde el extranjero... Excepto que, además, para Lukashenko, este "extranjero" también podía ser ruso.

Por eso ha elegido diversificar sus cartas y jugar el papel de mediador para la negociación en Minsk de los acuerdos entre el actual presidente ucraniano, Putin, Merkel y Macron. Su 'neutralidad' le valió el levantamiento de las sanciones europeas en2016^vi. En la práctica, los primeros tratados firmados por Lukashenko y Yeltsin preveían una "unión de estados" entre Rusia y Bielorrusia, y Putin quiere que esto se haga realidad. Y no sería reacio a sustituir a Lukashenko por un líder más dócil y abierto a nuevas privatizaciones: las últimas negociaciones de diciembre de 2019 encontraron la resistencia del líder bielorruso^vii al mismo tiempo, los proyectos de la Unión Euroasiática, de los que Kazajstán, Bielorrusia y Rusia fueron los fundadores en 2014 (afirmando ser el "modelo" de la UE^viii) están perdiendo terreno.

Pero la deuda pública de Belarús ha disminuido de menos del 10% del PIB en 2005 a alrededor del 50%. La presión tanto de Rusia como del FMI se ha sumado a todas las tensiones. Durante los últimos cinco años, el régimen ha aplicado una congelación de los salarios mientras que muchos precios están aumentando. La generalización de los contratos de duración determinada se impuso en 2017 junto con un proyecto de impuesto sobre el desempleo (identificado como "parasitismo social"), proyecto que finalmente fue rechazado ante las primeras protestas sociales que implicaban en particular a los jóvenes y a sus blogueros. El Covid-19, tratado inicialmente con burla por Lukashenko, fue un factor que agravó el creciente descrédito del régimen^ix

Mujeres, jóvenes, trabajadores...

Las elecciones del 9 de agosto se celebraron en este contexto social interno y en un momento de grandes tensiones con el gobierno de Putin, a pesar de la proximidad popular y las dependencias duraderas. La sombra de Moscú estaba así detrás de dos de los tres candidatos rechazados por Lukashenko antes de las elecciones, pero también detrás de 33 mercenarios recientemente arrestados, miembros de un "grupo Wagner" que "han estado activos en Ucrania, Siria, Libia y la República Centroafricana" para el gobierno ruso, según Vincent Présumey^x.

Pero lo imprevisto se ha injertado en este contexto. Lukachenko comenzó invalidando de varias maneras a sus tres principales candidatos (Siarhei Tsikhanovski, Viktor Babaryko y Valery Tsepkalo) - "todos ellos vinculados socialmente a los sectores 'empresariales'", continúa Vincent Présumey. Pero el autócrata, queriendo mostrar su "pluralismo", aceptó la candidatura (que supuso inofensiva) de la esposa de Tsikhanovski (encarcelada) Svetlana Tsikhanovskaya (y luego las de los otros dos candidatos que fueron expulsados) -todas ellas sin experiencia política- que decidieron tomar el relevo de sus cónyuges.

La campaña de oposición estuvo marcada por Svetlana Tsikhanovskaya, que expresó sus temores (por su familia) con palabras populares. Pronto recibió el apoyo de las otras dos mujeres, Maria Kolesnikova (líder de la campaña de Babaryko) y Veronika Tsepkalo. Su coraje así como la su fragilidad "hablaba" a la gente. Los jóvenes se involucraron masivamente, con un "momento" crucial el 7 de agosto, cuando Lukashenko decidió fomentar un concierto de rock al que Svetlana Tsikhanovskaya decidió asistir.

La sorpresa llegó cuando "en su presencia, los disc-jockeys del anfitrión cubrieron una canción no planeada, Peremen (Cambios)", de Victor Tsoï (muerto en 1990) de la antigua banda rusa Kino - una canción de culto de la época de la perestroika^xi. El anuncio de los resultados (dando sólo un 10% de los votos a Tehhanovskaya y un 80% a Lukashenko) generó ira y protestas. La violencia de la represión - especialmente la de las fuerzas especiales, el OMON - solo sirvió para acentuar un giro popular para "desatar" este poder en todo el país, mucho más allá de Minsk.

Un importante punto de inflexión, a partir del 10 de agosto, fue la participación de los trabajadores en empresas emblemáticas y en convocatorias de huelgas y manifestaciones - exigiendo el fin de la violencia, la liberación de los detenidos y la impugnación de los resultados electorales ^xii. Varios dirigentes de los comités de huelga fueron brutalizados y/o arrestados, como Nikolaï Zimine, metalúrgico y veterano del sindicalismo independiente (BKPD), quien fue severamente golpeado en agosto, luego fue arrestado y sentenciado a 15 días de prisión, como algunos otros (cuando se multiplicaron las denuncias e imágenes de violencia policial)^xiii.

Incertidumbres internas e internacionales

Aunque sin nombrar el programa de privatización (pro o anti-ruso), los candidatos hicieron campaña contra el régimen, su fraude y su violencia. Pero el "frente" de los candidatos ya se ha agrietado mientras permanece indefinido. Se ha establecido el Comité de Coordinación de esta oposición^xiv. Pero el 31 de agosto Maria Kolesnikova^xv(apoyo de Viktor Babariko), miembro de la presidencia de este Comité, produjo su primera fractura pública: anunció unilateralmente la creación de un nuevo partido ("Ensemble") abriendo la puerta a un escenario de nuevas elecciones sin la previa salida de Lukashenko. Lo que Svetlana Tikhanovskaia (refugiada en Lituania) rechazó radicalmente.^xvi

Al mismo tiempo, después de denunciar la interferencia rusa, Lukashenko decidió buscar "ayuda" rusa - después de enviar de vuelta a Rusia a los 32 ciudadanos rusos entre los 33 mercenarios arrestados. Putin no querría apoyar a un perdedor - ni tampoco querría alentar un movimiento popular que provocaría su caída (sin certeza sobre su sucesión). El asunto Navalny hace más difícil que los planes (de Macron y Merkel) dependan de Putin para manejar esta crisis (contra la presión de Polonia o los Estados Bálticos, así como de los Estados Unidos). Hasta ahora, Lukashenko ha recibido un préstamo de 1.300 millones de euros (probablemente acompañado de una reestructuración de la deuda y descuentos en las entregas de hidrocarburos), algo que ni el FMI ni la UE pueden proporcionarle.

Nadie sobre el terreno está actualmente en condiciones de "representar" y defender las aspiraciones populares que no se dirigen a Rusia o a la UE, sino a la demanda de derechos y libertades fundamentales, tanto políticos como sociales. La izquierda política y sindical internacional debe apoyar estas demandas, el sindicalismo independiente -débil en un régimen así, pero real- y todas las formas de autoorganización popular que por sí solas pueden limitar la "instrumentalización" de todas las partes.

Este texto es la versión larga del publicado por L'Anticapitaliste, escrito el 13/09 y actualizado el 18/09.

Notas